UNA MIRADA A LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

A propósito de tanta  inconducta funcional

UNA MIRADA A LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

La función pública es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria que realiza una persona en nombre o al servicio de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Sus fines son el servicio a la nación y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.

Así lo señalan los primeros artículos de la Ley  27815 que con la denominación de “Ley del Código de Ética de la Función Pública” y  ligeras modificaciones, se halla en vigencia. Ahora que hay tanta crisis de valores en la administración pública, conviene recordar algunos aspectos sustanciales de la norma promulgada el 12 de agosto del año 2002.

Los principios y deberes éticos del servidor público, según la Ley en referencia, son fundamentalmente: RESPETO a la Constitución y las Leyes, PROBIDAD  actuando con rectitud, honradez y honestidad procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, EFICIENCIA, brindando calidad en cada una de las funciones, IDONEIDAD que es la actitud técnica, legal y moral para ejercer la función pública, VERACIDAD expresada en la autenticidad de las relaciones funcionales con todos los miembros de la institución y con la ciudadanía, LEALTAD Y OBEDIENCIA lo que significa actuar con fidelidad y solidaridad y cumpliendo las órdenes que imparte el superior jerárquico, salvo las supuestas arbitrariedades, JUSTICIA Y EQUIDAD en sus relaciones con el Estado, el administrado, los superiores, subordinados y con la ciudadanía y LEALTAD AL ESTADO DE DERECHO expresado en la Constitución.

El Capítulo III  la Ley 27815 identifica cinco prohibiciones éticas del servidor público: MANTENER INTERES DE CONFLICTO: cuando el servidor público mantiene relaciones o acepta situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo, OBTENER VENTAJAS INDEBIDAS es decir procurar beneficios para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia, REALIZAR ACTIVIDADES DE PROSELITISMO POLÍTICO a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos, HACER MAL USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA al participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad a la que pertenece y, PRESIONAR, AMENAZAR Y/O ACOSAR ejerciendo presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas.

La Ley contempla los incentivos, sanciones y procedimientos así como las disposiciones complementarias y finales. En este último aspecto, se dejó establecido que el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros  reglamentara la Ley en un plazo máximo de 90 días, disposición que fue cumplida con la promulgación del Decreto Supremo 033-2005-PCM  el 18 de abril del año 2005 y que será analizado en un próximo artículo.

 

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